EE.UU.: no cierran Guantánamo ni controlan armas

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, enfrenta nuevamente la oposición dentro de su propio Gobierno, esta vez de la fiscal general, Loretta Lynch, por sus planes de cerrar la prisión militar en la bahía de Guantánamo, según altos funcionarios gubernamentales.

Lynch, una fiscal federal a la que Obama designó para liderar el Departamento de Justicia hace dos años, se opone a una propuesta respaldada por la Casa Blanca que permitiría a prisioneros de Guantánamo declararse culpables de cargos de terrorismo a través de una videoconferencia, comentaron los funcionarios.


En los últimos tres meses, Lynch ha intervenido dos veces para bloquear las propuestas gubernamentales sobre el tema, pues objeta que violarían reglas de larga data sobre procedimientos en justicia criminal.

En el primer caso, su oposición desbarató una iniciativa legislativa de la Casa Blanca para permitir admisiones de culpabilidad a través de video luego de casi dos meses de negociaciones entre agencias y de la redacción de la legislación.

En el segundo caso, Lynch impidió que el Gobierno respaldara públicamente a una propuesta del Senado de legalizar las admisiones de culpabilidad a través de video.

No al control de armas

El Senado de Estados Unidos rechazó cuatro medidas para reforzar el control de armas tras la masacre de la semana pasada en Orlando, aunque los legisladores aún buscan alcanzar un acuerdo que ayude a evitar que personas incluidas en listas de vigilancia por sospechas sobre terrorismo puedan adquirirlas.

En un nuevo revés para los promotores del control de armas, ninguna de las medidas para reforzar la revisión de antecedentes de los compradores y evitar la venta a quienes figuren en las listas contra el terrorismo -dos presentadas por demócratas y dos por republicanos- consiguió los 60 votos necesarios para su aprobación en la Cámara alta, de 100 asientos.

El tiroteo más letal en la historia moderna de Estados Unidos elevó la presión sobre los legisladores y alentó acciones rápidas en el Congreso, pero las medidas fueron rechazadas en votaciones que mostraron el poder que aún tienen en el Congreso los defensores del derecho a la posesión de armas y la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Proyectos similares fracasaron tras los atentados en una escuela en Newtown, Connecticut, en 2012; y en un centro de conferencias en San Bernardino, California, en 2015. Sin embargo, algunos senadores insisten en que la política sobre el control de armas está cambiando, ya que la seguridad nacional está surgiendo con mayor fuerza en los debates.

Un sondeo de Reuters/Ipsos realizado la semana pasada halló que el 71 por ciento de los estadounidenses está a favor de regulaciones moderadas a la venta de armas. La cifra se compara con el 60 por ciento que apoyaba las restricciones a finales de 2013 y 2014.

Con informes de Reuters

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